Autoridades estadounidenses entregaron a sus contrapartes mexicanas a un sospechoso clave en el secuestro y asesinato de 43 estudiantes universitarios en 2014, después de que intentara cruzar la frontera sin los documentos necesarios. El Instituto Nacional de Inmigración de México identificó al hombre solo por su primer nombre, pero un agente federal confirmó más tarde a The Associated Press que se trataba de Alejandro Tenescalco, un ex oficial de policía mexicano. Fue atrapado intentando cruzar la frontera y no calificó para el asilo en los Estados Unidos.
Tenescalco era un supervisor de policía en Iguala, una ciudad en el estado de Guerrero donde los estudiantes de una escuela normal rural fueron tomados por la policía municipal. Los estudiantes fueron entregados más tarde a una banda de drogas, quienes los mataron y quemaron sus cuerpos. El asesinato de los estudiantes provocó una gran indignación internacional y se convirtió en un ejemplo de la violencia endémica de las bandas de drogas audaces y la corrupción en México.
Alejandro Encinas, jefe de la Comisión de Verdad del gobierno, ha llamado a Tenescalco "uno de los principales perpetradores" del crimen. Enfrenta cargos de secuestro y delito organizado. El gobierno mexicano ofreció una recompensa de $500,000 por su arresto.
Las investigaciones en el caso resultaron en el arresto de tres soldados, incluido un general jubilado que había sido el comandante del ejército en la zona cuando ocurrieron los secuestros. Además, el entonces Fiscal General Jesús Murillo Karam ha sido acusado de inventar la cuenta original del gobierno basada en la tortura y la manipulación de la evidencia.
Este caso resalta el problema de violencia y corrupción en México, y sirve como recordatorio de la necesidad de rendir cuentas y justicia para las víctimas y sus familias.